Abolitionism (prostitution)

rdf:langString Abolicionismo de la prostitución

rdf:langString El abolicionismo de la prostitución es un modelo teórico jurídico que considera que la prostitución debe ser abolida, es decir, derogada sin vigencia legal, del sistema social como defensa de la dignidad de las personas. Por ese motivo propugna que, con el objetivo de erradicar esa actividad, carezca de reconocimiento en el mundo jurídico.​ El abolicionismo alienta a los gobiernos a tomar medidas para penalizar la demanda y no a la persona en situación de prostitución.​ El modelo abolicionista centra su interés en la persona en situación de prostitución, sea varón o mujer o transexual, prohibiendo las medidas de control administrativo o policial que sobre ellos puedan ejercerse al tiempo que designa como reprochable la conducta del prostituyente, tanto sea proxeneta como cliente.​ El enfoque abolicionista, que alienta a los gobiernos a tomar medidas para penalizar la demanda y no a la mujer en situación de prostitución, considera la estrecha relación entre las formas criminales de explotación sexual, trata de personas y prostitución, y cree que los derechos humanos de las mujeres, transexuales o niños son incompatibles con los varones que compran servicios sexuales.​ Para el feminismo abolicionista, la prostitución debe ser abolida, es decir, erradicada, no prohibida, porque es una institución patriarcal basada en la desigualdad entre varones y mujeres. Esta corriente teórica considera que la explotación sexual y la prostitución son fenómenos inescindibles. Considera a la prostitución como un sistema de opresión sexista, racista y clasista.​ Se opone a la constante represión policial que sufren las mujeres que la ejercen y a la desaparición de mujeres, secuestradas por redes de trata con fines de explotación sexual. Considera especialmente a la trata como una seria violación de los derechos humanos y que la mayoría de las personas en situación de prostitución son víctimas de la trata.​ Investigaciones realizadas en todo el mundo muestran que las personas que se prostituyen están expuestas a un alto riesgo de violencia física y riesgo de ser asesinadas.​ Los estudios, además, muestran que la mayoría de las prostitutas han experimentado abuso sexual infantil, graves formas de violencia al ejercer la prostitución y sufren de trastorno por estrés postraumático con un nivel de severidad comparable al de los veteranos de guerra.​​ Una investigación realizada en la Universidad de California, San Francisco, en el año 2019, concluyó que los varones clientes de la prostitución eran más propensos que los varones no compradores sexuales de cometer todo tipo de delitos incluyendo uso de armas, abuso de sustancias y delitos de violencia contra la mujer.​ Investigaciones realizadas en Canadá, Colombia, Alemania, México, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, los Estados Unidos y Zambia mostraron que los actos de violencia, como violaciones, golpes, torturas, humillaciones, acoso, insultos, degradaciones, eran algo normal en la prostitución. Estas investigaciones concluyen que la prostitución es una forma de violencia que resulta en beneficio económico solo para quienes venden a las mujeres, niños o niñas.​ Es por eso que el abolicionismo considera a la prostitución en sí misma una forma extrema de violencia que debería ser eliminada.​ La Declaración de Viena sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1993, reconoce la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres.​ La trata de personas se ha vuelto un tema prioritario para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ya que las cifras conocidas dicen que hay cientos de miles de mujeres y niñas que son víctimas de la trata para explotación sexual a través de fronteras internacionales.​ La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sostiene, en su artículo 6, que los estados partes deberá tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación en la prostitución de la mujer.​ Considera que la trata de mujeres y la prostitución forzada son formas de violencia contra las mujeres.​ Sostiene que las causas fundamentales de la trata con fines de explotación sexual están directamente vinculadas al sistema social de la prostitución. Que la prostitución y la explotación sexual generan el tráfico de personas. También se afirma que los perpetradores gozan de una impunidad generalizada y que las mujeres son objeto de formas extremas de violencia. Por eso proponen desalentar la demanda sexual como forma de prostitución para desmantelar el sistema que utiliza a las mujeres en situación de vulnerabilidad.​ El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que los estados no tienen potestad para controlar, perseguir, someter a exámenes médicos, registrar o cobrar impuestos a las personas que estén en situación de prostitución y sí están obligados a perseguir a proxenetas y tratantes, como a generar políticas públicas para quienes quieran salir de la prostitución. También establece que se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, aun con el consentimiento de tal persona.​ El abolicionismo comparte estas ideas y por eso pretende que se persiga al proxenetismo, tanto individual como organizado, es decir, tanto la relación prostituta/chulo como las casas de citas, prostíbulos, burdeles, pero no a las mujeres en situación de prostitución o a la prostitución en sí.​ En todos los países la mayoría de las prostitutas suelen ser inmigrantes.​​​​​ En España, el 90 % son extranjeras.​ Como el crimen organizado funciona de manera internacional y no todos los países de Europa son abolicionistas, por ejemplo, cuando se aprobó la ley abolicionista en Francia en 2016, aumentó el número de prostitutas en Alemania, sobre todo en las fronteras con Francia.​ Diferencias entre modelos​ Existen diferentes modelos jurídicos para la prostitución, por ejemplo, el prohibicionismo, el abolicionismo, el reglamentarismo y el regulacionismo.​ A su vez el abolicionismo puede ser radical, clásico o mixto. El prohibicionismo suprime penalmente la prostitución y la considera un delito. El prohibicionismo, liderado por cristianos que defienden el concepto de la familia cristiana, es una corriente moralista conservadora anti-prostitución que considera que la prostitución es un pecado que atenta contra la noción de familia occidental y cristiana. Suprime la prostitución oficializada o estatal,​ impone una condena moral a las prostitutas y supone la criminalización de las mismas.​ La moral sexual católica condena la prostitución por pecaminosa,​​ tanto para la mujer como para el varón prostituyente o cliente, ya que peca también quien paga por obtener placer sexual de otro. La prostitución es considerada un desorden moral grave, porque cuando alguien vende su cuerpo, «vende su alma».​​ Es un criminal todo aquel que busca los servicios de una prostituta.​ «La prostitución no solo destruye vidas, matrimonios y familias, sino que también destruye el espíritu y el alma de una manera que conduce a la muerte física y espiritual».​ Si la prostitución es considerada una actividad inmoral, es un vicio al cual el estado debe prohibir y las prostitutas, no sus clientes, deben ir a la cárcel.​ ​ El abolicionismo radical,​​ a diferencia del prohibicionismo, no toma en cuenta el criterio moral, sino que enfatiza el punto de vista de la prostituta como víctima de la dominación sexual masculina. La prostituta no debe ser castigada sino resocializada.​ ONGs como la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida se ocupan de estos temas. El modelo sueco es el mejor ejemplo de abolicionismo radical. Hasta ahora, mostró que cuando los compradores se arriesgan a ser castigados, el número de varones que compran personas prostituidas disminuye y los mercados locales de la prostitución se vuelven menos lucrativos.​ La ley sueca considera que la prostitución es un mecanismo de opresión y de objetivación de la mujer. Según una investigación en Suecia, solicitada por el gobierno sueco, las mujeres en situación de prostitución vivían inmersas en un mundo de violencia y opresión, de drogas y de crímenes, de poder y de sujeción.​ Según el informe de evaluación de la Ley de abolición de la prostitución de 2016 en Francia, publicado en 2020 con entrevistas a todos los implicados en la aplicación de la ley (prefectos, policías, fiscales, delegados de los derechos de la mujer, asociaciones de base, grupos de presión, ONGs, trabajadores de la Justicia y de asuntos sociales), donde se aplica el modelo abolicionista radical la ley funciona y disminuye la trata de personas.​​ El abolicionismo radical cree que las mujeres que se prostituyen de forma voluntaria son una minoría demasiado pequeña. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) afirma que en Europa, una de cada siete así llamadas «trabajadoras sexuales» han sido esclavizadas en la prostitución a consecuencia de la trata de personas.​ El abolicionismo clásico,​ no impone una condena moral a las mujeres en situación de prostitución.​ Este abolicionismo cuestiona la estigmatización de las mujeres en situación de prostitución por considerar que vulnera sus derechos,​ y critica los aspectos de misoginia y opresión de esta actividad en la cual generalmente mujeres y niñas son objetos y varones son clientes.​ El abolicionismo mixto es moderado porque asume que la prostitución es una realidad,​ y diferencia prostitución voluntaria de trata y busca garantizar los derechos de las mujeres en situación de prostitución.​ Considera que hay que desalentar la demanda sexual, apoya la criminalización del cliente, con la idea de controlar al consumidor - «sin cliente no hay putas» es el eslogan - pero cuestiona las deficiencias del sistema penal. No criminaliza a la mujer que llega a prostituirse, señala la importancia de garantizar los derechos de las mujeres en situación prostitución y propone distinguir la trata de personas de la prostitución supuestamente voluntaria, sin ignorar ni minimizar los efectos negativos de la prostitución y su importancia en la economía tanto individual como social.​​ Esta corriente jurídica cree que la prostitución en sí misma es una actividad indeseable pero que no es razonable perseguir a quienes salen más perjudicadas y son explotadas por otros para satisfacer sus deseos.​ El reglamentarismo, en cambio, utiliza un sistema de control sanitario y policial, que es ejercido únicamente sobre las prostitutas y no sobre los clientes consumidores, con el objetivo de prevenir contagios masivos de enfermedades venéreas.​ La prostitución es permitida en ciertas zonas delimitadas.​​ El regulacionismo defiende la prostitución como un trabajo, reclamando para quienes la ejercen los mismos derechos que cualquier trabajador y el reconocimiento de sus necesidades específicas, por ejemplo, una atención médica adaptada. Como el modelo neozelandés, que reconoce la prostitución como un trabajo y establece medidas protectoras sin obligar a las profesionales del sexo a registrarse como tal.​Sostiene que la industria del sexo no es sinónimo de misoginia ni de desigualdad sexual y que las mujeres ingresan voluntariamente en la prostitución. Considera que la ausencia de regulación es lo que, en realidad, genera clandestinidad y que es ésta la que expone a las llamadas trabajadoras sexuales a encontrarse más vulnerables frente a las diversas formas de violencia y opresión. El regulacionismo quiere que la prostitución sea considerado un trabajo como cualquier otro y que las prostitutas gocen de derechos como cobertura médica y jubilación, como cualquier trabajador.​ Para la noción de prostitución en términos de trabajo sexual, el varón consumidor de prostitución se presenta como un sujeto desexualizado y desprovisto de género, igual que cualquier otro servicio.​ Organizaciones como Ammar, Colectivo Hetaira y OTRAS sostienen esta postura. El regulacionismo cuestiona al abolicionismo porque considera que lo que llaman trabajo sexual está mal visto por un tema moral, de puritanismo y que negarle a la actividad su condición y dignidad de trabajo es una violencia simbólica contra las mujeres que eligen vivir libremente su sexualidad.​ Los que apoyan el regulacionismo insisten en la capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre lo que quieren hacer con su cuerpo y sobre su sexualidad, que el trabajo sexual es voluntario y la mujer decide en total libertad del uso que quiere hacer de su cuerpo, que no todo trabajo sexual es trabajo forzado,​ mientras que los abolicionistas consideran que el acuerdo para vender sexo nunca puede ser voluntario y que, por lo tanto, la prostitución en general equivale a la explotación sexual.​ El regulacionismno busca la despenalización del trabajo sexual. El abolicionismo se opone al regulacionismo, además, porque considera que potencia la trata de personas. Un estudio en 150 países demostró que aquellos en los cuales la prostitución estaba legalizada y regulada por el estado, se potenciaba la trata de personas para explotación sexual.​ Considera que el regulacionismo no toma en cuenta la coerción o la manipulación y que cree ingenuamente que la prostitución es una elección voluntaria de la mujer o persona (varón, travesti, transexual etc) sin tomar en cuenta su vulnerabilidad o falta oportunidades. Considera, además, que la demanda genera más trata de personas.​