El Halconazo

rdf:langString Matanza del Jueves de Corpus

rdf:langString La Matanza del Jueves de Corpus (también, la masacre de Corpus Christi o El Halconazo) es el conjunto de hechos ocurridos en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971 —día de la festividad de Corpus Christi, de donde tiene origen el nombre coloquial de la matanza—, cuando, por órdenes del gobierno de México, una manifestación en apoyo a los estudiantes de Monterrey y en oposición al gobierno de Luis Echeverría Álvarez que se dirigía de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución, fue reprimida violentamente por un estimado de 1 000 integrantes​ del grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones,​ apoyados por servidores públicos del Departamento del Distrito Federal (DDF), la Policía de la Ciudad de México, su , así como agentes de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal de Caminos y soldados del Estado Mayor Presidencial (EMP) del Ejército Mexicano en la Calzada México-Tacuba al cruce con la , en la de la hoy alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Antes y durante los hechos, los perpetradores cometieron, además de los asesinatos, delitos como detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales; el Estado coercionó la libertad de expresión y sostuvo a través de los medios masivos de comunicación controlados por el gobierno una campaña de desprestigio y descrédito a la oposición del gobierno echeverrista​ y la pretensión de la colocación de la versión oficial en la sociedad que ponía, en oposición, al gobierno como una víctima de los hechos.​ En la matanza fueron asesinados a tiros y a golpes más de 225 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes manifestantes de entre 14 y 22 años contando participantes del Movimiento de 1968,​ así como testigos de los hechos. Los perpetradores dejaron, además, un número indeterminado de heridos incluyendo a periodistas y fotógrafos de México y otros países​ —con el fin de que los hechos no fueran conocidos o registrados— y participantes de la marcha que fueron salvados de la muerte por vecinos de las colonias aledañas Un hogar para nosotros, Santo Tomás, Agricultura, Plutarco Elías Calles, Tlaxpana, Santa Julia, Atlampa, Tlatilco, San Rafael y Santa María la Ribera, colonias hasta donde se extendió la persecución y los hechos de violencia la noche del 10 de junio.​​ Otros heridos identificados como participantes de la marcha fueron asesinados («rematados») o secuestrados por Halcones y miembros de la DFS mientras se encontraban en atención en hospitales cercanos como el Rubén Leñero.​ Veinte años después, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) atribuyó la responsabilidad intelectual de la matanza al entonces presidente del país, Luis Echeverría Álvarez —quien buscaba dar con la matanza un «escarmiento» a sus opositores de izquierda—​ e involucró a su círculo cercano como el secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, el secretario de la Defensa Hermenegildo Cuenca Díaz y el director del EMP, Alfonso Corona del Rosal así como el entonces regente de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez​ y el Jefe de la Policía, el también militar Rogelio Flores Curiel.​ Fue activa la asesoría del gobierno de los Estados Unidos en el entrenamiento de oficiales de primer orden a cargo del grupo paramilitar​ y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quien tuvo conocimiento permanente de los hechos; igualmente el gobierno realizó un registro documental de la matanza a través de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación.​ Pese a la labor de censura gubernamental, algunas fotografías de la masacre fueron salvadas de la destrucción y publicadas por medios de comunicación, indignados por el ataque de los Halcones a sus empleados y colegas; igualmente, agencias internacionales fuera del control oficial mexicano mostraron las fotografías y reportaron el contubernio entre los paramilitares y la policía en el ataque.​ Echeverría negó públicamente la autoría de los hechos y ordenó en consecuencia la renuncia a sus cargos de Alfonso Martínez Domínguez​ —apodado popularmente desde entonces como Halconso—​ y Flores Curiel​ sin ser procesados ni juzgados ningunos otros responsables de los hechos pese a que el gobierno ordenó una investigación que no tuvo conclusiones, en una labor de Estado de negación del acceso a la justicia a los familiares de las víctimas.​ Como consecuencia de la matanza, algunos grupos de izquierda participantes de la organización de la marcha abandonaron la vía pacífica de lucha social y optaron por la clandestinidad y la opción armada, formando grupos guerrilleros.​ Por la matanza fueron acusados de genocidio en 2002 Luis Echeverría Álvarez, Mario Augusto José Moya y Palencia, , Miguel Nazar Haro, José Antonio González Aleo, Manuel Díaz Escobar Figueroa, alias «el Maestro» o «El comandante», Rafael Delgado Reyes, «el Raffles», Sergio San Martín Arrieta, «el Guatusi», Alejandro Eleazar Barrón Rivera, Sergio Mario Romero Ramírez «el Fish», y Víctor Manuel Flores Reyes, «el Coreano»; acusaciones que quedaron establecidas en la causa PGR/FEMOSPP/011/2002. El 2 de julio de 2002 Echeverría se convirtió en el primer expresidente mexicano citado a declarar ante la justicia mexicana por este y otros casos, falleciendo en libertad con reservas de ley en su domicilio con las causas penales en su contra.​