Dianna Ortiz

rdf:langString Dianna Ortiz

rdf:langString Dianna Ortiz (Colorado Springs, 2 de septiembre de 1958–Washington D. C., 19 de febrero de 2021)​ fue una monja católica estadounidense de la orden ursulina. Mientras trabajaba como misionera en Guatemala en 1989, fue secuestrada el 2 de noviembre por los militares guatemaltecos, detenida y torturada durante 24 horas antes de ser liberada. Después de su liberación, Ortiz señaló que había un estadounidense entre sus captores. Esta parte de su relato no pudo ser confirmada por otra fuente.​ Ortiz siguió su caso en un tribunal guatemalteco y en un tribunal civil estadounidense. En este último, fue la primera en reclamar responsabilidad civil por daños y perjuicios bajo la aprobada en 1992.​ Presentó una demanda contra el ministro guatemalteco de Defensa, el general Héctor Gramajo, en el poder en la época de su secuestro, argumentando que tenía autoridad sobre los hechos. En 1995 le reconocieron cinco millones de dólares por daños y perjuicios.​ También presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1996, como resultado de las protestas de Ortiz y otros, así como revelaciones de cómo la CIA financió ilegalmente a los militares de Guatemala, que el Congreso lo había prohibido en el año 1990, el presidente Bill Clinton ordenó la desclasificación de papeles de la CIA relacionados con su caso, y la desclasificación de décadas de documentos sobre las relaciones entre los Estados Unidos y Guatemala. Estos demostraban que un coronel guatemalteco pagado por la CIA se vio implicado en las muertes de los estadounidenses Michael DeVine en 1990 y el líder de la guerrilla Efraín Bámaca Velásquez en 1993. El Congreso cerró el programa de la CIA. Demostraba también que durante décadas los Estados Unidos habían apoyado a Guatemala durante su genocidio de los pueblos indígenas rurales. El representó a Ortiz en su caso civil y ante la Comisión de Derechos Civiles Interamericana, que descubrió en 1997 que el estado de Guatemala había violado numerosos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con Ortiz. Recomendaron que el gobierno completara su largamente retrasada investigación y que proporcionó compensación a Ortiz.